La política de atracción de inversiones extranjeras para el puerto del Mariel está mostrando uno de los aspectos más oscuros y a la vez erróneos de la política económica de "actualización del socialismo" emprendida por Raúl Castro: el principio de exclusión que se aplica a los ciudadanos cubanos de la Isla y del exilio a la hora participar en cualquier proyecto de inversión conducente a la consolidación de derechos de propiedad privada en la Isla.
Por el contrario, el régimen abre las puertas de par en par a los inversores de Brasil, China, Vietnam, España y Alemania, promoviendo una gira mundial para convencer a financieros extranjeros en relación a las oportunidades de inversión en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
De lo anterior cabe extraer dos conclusiones. Primero, que el embargo o "bloqueo" es inexistente para el conjunto de la economía mundial; y segundo, el grave riesgo que supone en los mercados mundiales alguien que debe al Club de París 35.143 millones de dólares —según el último Informe anual de este organismo— y se niega a devolverlos. Es cierto que cada uno hace lo que quiere con su dinero, pero en estas condiciones, cualquier inversión extranjera en la economía castrista suena más a una aventura romántica que a un ajustado cálculo comparativo de costes y beneficios esperados. Si no, tiempo al tiempo.
Dejando de lado estas cuestiones, lo que más me interesa destacar en este artículo es el grave quebranto que supone para una economía marginar de cualquier proceso inversor a sus nacionales. La inversión, también conocida como formación bruta de capital fijo, es una de las variables más relevantes de la demanda interna de una economía, junto al consumo, al gasto público y el saldo neto del comercio exterior.
Con la política de exclusión practicada por las autoridades castristas a los cubanos, de dentro y de fuera, se está limitando uno de los componentes más relevantes de la economía, que en algunos países llega a suponer prácticamente el 20% del gasto nacional. Esto significa que los cubanos no pueden ejercer con libertad sus derechos de propiedad sobre un conjunto amplio de bienes y servicios, por ejemplo, invertir en negocios en el Mariel.
Desde el punto de vista relativo, marginar a la población del proceso inversor significa que el capital no humano de los cubanos —fundamental para determinar el nivel de renta permanente, que a su vez condiciona el consumo y ahorro a medio plazo— no existe. Los cubanos no están autorizados a comprar y vender libremente activos en el mercado, no pueden obtener con ellos ganancias de forma legítima, y lo que es peor, no se les autoriza a reinvertir beneficios y alcanzar escalas superiores de gestión productiva.
Dejar fuera de este proceso inversor, absolutamente necesario en una economía, a los nacionales de un país, es un error de planteamiento, que ni tiene que ver con el socialismo, ni con la actualización del modelo, ni con criterios de racionalidad y eficiencia. Más aún cuando se permite a los extranjeros participar libremente en esos activos, si bien es cierto que con la participación molesta del Estado castrista en la mayor parte de los negocios.
Mientras que este tipo de prácticas acomplejadas y pseudoestalinistas no se borren de la realidad económica y social imperante en la Isla, el potencial de crecimiento de la economía se verá cercenado. Ya he señalado en ocasiones anteriores que la economía castrista, al hacer recaer todo el aparato inversor en el Estado, presenta uno de los porcentajes más bajos de inversión en relación al PIB de América Latina, e incluso del mundo. Eso no es sostenible, ni ofrece garantías a la economía de crecer sobre bases sólidas.
Las reformas que se están introduciendo en la Isla deberían dejar los lastres ideológicos de ineficiencia detrás, y empezar a pensar en la nueva economía cubana que se tendrá que construir desde la base, tras la desaparición del régimen. La política de parches no sirve cuando el modelo se tiene que sustituir porque ya no da más de sí. Los antiguos países comunistas que han orientado sus economías hacia los derechos de propiedad, la libertad económica y el mercado como instrumento de asignación de recursos, confirman que la receta es altamente recomendable. Ahora que el régimen quiere inversión extranjera para la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, sería conveniente que se pensara en la capacidad de los cubanos para capitalizar recursos, invertir en activos y construir sus patrimonios de riqueza, en condiciones de respeto para los derechos de propiedad.
Una última reflexión. Con la obsesión por la inversión extranjera en las oportunidades económicas que se abren en la Isla, y el principio de exclusión a los cubanos, el régimen no se da cuenta de que muchos inversores recelan de ese apartheid al que se ven sometidos los cubanos. Precisamente, como ha confirmado la experiencia de otros países que han tenido éxito en la exposición de sus economías a la inversión internacional, una política de atracción de capital extranjero debe ir acompañada de una capacidad creciente de inversión por los nacionales, de modo que el proceso inversor puede ganar en sostenibilidad y conseguir con mayor eficiencia la transferencia de tecnología y de know-how que se deriva del mismo. Esa mutua relación en el proceso inversor no se da en Cuba, y al parecer, en las reformas del régimen no está prevista, salvo para las empresas estatales controladas políticamente. Mal asunto.
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