El 29 de marzo el parlamento debate la nueva ley de inversiones extranjeras que regirá “en casi todos los sectores de la economía”(1), según adelantó José Luis Toledo Santander, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
El tema es vital para Cuba, tanto que el exministro de economía, José Luis Rodríguez, afirma que “el incremento de los ritmos de crecimiento de la economía cubana (…) supone un notable aumento de las inversiones en los próximos años” (2).
Se pretende atraer más empresarios extranjeros ofreciéndoles mayores garantías y seguridades. Toledo agrega que incluso se “contempla también bonificaciones impositivas y excepciones totales en determinadas circunstancias, así como flexibilización en materia aduanal”.
El asunto está muy ligado a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, proyecto realizado con apoyo financiero y tecnológico de Brasil, que pretende crear una especie de Hong Kong caribeño, con reglas diferentes a las que se aplican en el resto del país.
Y necesitarán de otras regulaciones porque no es difícil imaginar la cara que pondrán los nuevos inversionistas cuando les informen que deben pagar un cuarto de millón de dólares por cada automóvil que compren para su empresa en Cuba.
El asombro se repetirá al conocer las tarifas de internet y aumentará cuando comprueben que su conexión es lenta porque desde el mismo servidor la piratean para revenderla en el mercado negro, mecanismo por el cual los cubanos logran acceder desde sus casas.
El sistema de contratación en Cuba
Medidas como la venta de autos a precios disparatados (U$D 250 mil por un Peugeot) entorpecen el trabajo de las empresas extranjeras en Cuba y desalientan la inversión
Medidas como la venta de autos a precios disparatados (U$D 250 mil por un Peugeot) entorpecen el trabajo de las empresas extranjeras en Cuba y desalientan la inversión
Asegura José Luis Toledo que entre las preocupaciones de los parlamentarios ha estado presente “los derechos laborales de los cubanos que trabajarían en esos proyectos”, algo que preocupa también a los ciudadanos que ya forman parte de estas compañías.
Hoy, los inversionistas para contratar el personal de sus empresas están obligados a acudir a oficinas empleadoras del Estado que, por la mera gestión de intermediación, se quedan con el 90% del salario que el empresario paga a sus empleados.
El 10% restante no alcanza para vivir, así que si el empleador quiere exigir un trabajo eficiente se ve obligado a dar una bonificación extra en moneda dura, sobre la cual los impuestos también se llevan una tajada de alrededor del 35%.
Los empleados de las empresas extranjeras pueden considerarse privilegiados respecto al resto de los cubanos a pesar de lo cual muchos sienten malestar al comprobar que el Estado les retiene un porciento mayor del que pagarían incluso en los países escandinavos.
En este sentido, José Luis Rodríguez propone “flexibilizar el régimen de contratación de la fuerza de trabajo sin renunciar al control del sistema laboral de las asociaciones con el capital extranjero, utilizando una política salarial y fiscal más adecuada”.
Los retos de Cuba
Otro obstáculo son las empresas importadoras del Estado, las únicas autorizadas a realizar esas gestiones. Se trata de monopolios que gozan de un enorme poder de decisión, una lentísima capacidad de gestión y, en ocasiones, carecen de integridad empresarial.
Las anteriores zonas francas duraron menos de 10 años y se cerraron cuando el gobierno de Cuba comprobó que no lograba atraer inversiones productivas
Las anteriores zonas francas duraron menos de 10 años y se cerraron cuando el gobierno de Cuba comprobó que no lograba atraer inversiones productivas
Y por último pero tal vez lo más importante según Rodríguez es “incrementar la credibilidad mediante la normalización del pago de los adeudos pendientes con diferentes acreedores” y el pago en tiempo a los empresarios que actualmente comercian con la isla.
Por esos retrasos en los pagos, que a veces se deben solo a causas burocráticas, Cuba gasta más en sus importaciones. Los empresarios aumentan el margen de ganancia para cubrir los intereses que deben abonar a los bancos financiadores de las operaciones.
Los retos que tiene el parlamento cubano en su intento de promover la inversión extranjera son enormes y su éxito estará dado por entender que pretenden decir cuando aseguran que en la nueva ley de inversiones extranjeras “no hay concesiones ni retrocesos”.
Si no hacer “concesiones” significa que se defenderán los intereses nacionales y que “en modo alguno significarán la venta del país”, puede ser a largo plazo la garantía de que no se hipotecará una nación que pertenece ya a las nuevas generaciones de cubanos.
Pero si para evitar “retrocesos” se mantiene el entramado kafkiano de regulaciones irracionales y organismos ineficientes entonces Mariel no tendrá más éxito que las fracasadas zonas francas inauguradas, con igual bombo y platillo, hace 2 décadas.