En Camagüey, créditos para construir son los más demandados

En Camagüey, créditos para construir son los más demandados.

Camagüey, 2 nov (AIN) Más de siete mil créditos bancarios se otorgaron en la provincia de Camagüey desde diciembre de 2011, principalmente para la compra de materiales de construcción, interés que abarca el 84 por ciento de esas solicitudes al Banco Popular de Ahorro (BPA).

Desde el inicio del programa, en la citada fecha, muy pocas solicitudes han sido rechazadas, con lo cual se favorece la edificación y reparación de viviendas por esfuerzo propio ante la compleja situación de deterioro del fondo habitacional del territorio.

Explicó a la AIN Liudmila Torres Corps, jefa de Banca Personal en la dirección provincial del BPA, que los financiamientos no se aprueban cuando la persona posee un historial crediticio insatisfactorio, su situación laboral es inestable, o las garantías presentadas no cubren el monto de la deuda.

Comparado con las solicitudes, es pequeña la cifra de rechazados, poco más de 350, y a ello ayudó la modificación realizada sobre los fiadores el año anterior, a la regulación del Decreto Ley 289 del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Ese documento, disponible en Internet, ampara las disposiciones internas del banco que establecen el empleo de personas para garantizar la amortización de la deuda contraída por los solicitantes.

Cuando comenzó el otorgamiento de créditos, cada fiador declarado debía poseer una capacidad de pago similar o superior a la del deudor, pero a finales de marzo de 2012 la regulación varió y actualmente la suma de la capacidad de todos los fiadores puede cubrir el monto total de la deuda, aclaró Torres Corps.

Mirta Castro Rodríguez, acreedora de uno de estos beneficios, aunque reconoce su utilidad para quien no dispone de dinero en efectivo para emprender una acción constructiva, considera que los montos otorgados de acuerdo con la capacidad de pago de los clientes son insuficientes por los altos precios de los insumos.

Ante esa inquietud, a comienzos de 2012 el Ministerio de Comercio aprobó una rebaja de más de 120 productos de los expendidos en los establecimientos en moneda nacional, pero el organismo sostiene que los precios responden a una modalidad de venta no subsidiada, sujeta a costos de producción e impuestos.