PUERTO PADRE, Cuba.- Sanciones que oscilan entre 15 y 20, años de privación de libertad, por un delito de Robo con Violencia o Intimidación en las Personas y Salida Ilegal del Territorio Nacional, solicitó al Tribunal Provincial de Las Tunas la fiscal Lisbet Pavón Marchán, para los acusados de llevarse fuera de la isla una embarcación de pesca, tipo ferrocemento, en diciembre pasado.
Este último lunes, los familiares de los acusados fueron notificados, teniendo los abogados hasta el próximo 16 de junio (esto es, 20 días hábiles) para presentar por escrito las conclusiones provisionales de la defensa.
Según la Fiscalía, la sanción que debe imponerse a los acusados es la siguiente:
“A Osvaldo Ortiz Rodríguez es la de veintisiete años de privación de libertad por el delito (…)”.
“A Ernesto Pérez Ferrales y Maikel Ramil Ramos es la de veinticinco años de privación de libertad (…)”.
“A Yanok Sánchez Morales, Joaquín Jorge Batista Pérez, Dunier Gómez Pérez y Dreyser Silva Morales, es la de veinte años de privación de libertad.
“A Gilberto Millán Aroca, Yunier Marrero Ojeda, Vladimir Durañona Blázquez, Jorge Luis Ortiz Rodríguez, Sandro Herrera Acosta y Yoan Velázquez Jomarron, quince años de privación de libertad (…)”.
Aunque todos los implicados son acusados como autores de los delitos de Robo con Violencia o Intimidación en las Personas y Salida Ilegal del Territorio Nacional, las diferentes cuantías de las sanciones en la petición fiscal están originadas por el grado de participación de los inculpados, sus antecedentes penales y la concurrencia de circunstancias agravantes esgrimidas por la parte acusadora.
Además de la sanción penal, la Fiscalía solicitó al Tribunal que impusiera a los acusados, como responsabilidad civil por daños materiales, el pago de la suma de 29 854.64 pesos (cup) al establecimiento pesquero y 80.42 pesos al Ministerio del Interior.
Ahora la Causa 230-14 del Tribunal Provincial de Las Tunas está abierta y sólo queda esperar por el juicio oral y el veredicto de los jueces, para saber cuántos años de los solicitados por la fiscalía deberán pasar en la cárcel estas personas, que, pretendiendo llegar a territorio continental de Estados Unidos, su destino final será una prisión en la isla de Cuba.