LA HABANA, Cuba, diciembre,
www.cubanet.org -Un artículo del diario Juventud Rebelde (“Preguntas virtuales en busca de una respuesta real”, jueves 28 de noviembre de 2013, pág. 5), aborda el tema del comercio electrónico y “especialmente su desarrollo en Cuba”, a partir de los comentarios de los lectores en la página web de dicho diario a dos textos previos que trataban sobre el mismo asunto; el primero de éstos (del 30 de octubre de 2013), acerca el desconocimiento que tienen los cubanos sobre “la compra electrónica a través de tarjetas magnéticas emitidas por los banco, incluyendo las de moneda nacional”, en tanto el segundo (13 de noviembre de 2013), sobre “la extensión del comercio electrónico a nivel mundial y su impacto en Cuba, donde todavía es muy incipiente”.
Una lectura del artículo de referencia –que un lector incauto calificaría como audaz, e incluso atrevido– tiene su primera limitación en el hecho de basarse en una especie de debate online en el que participó solo un reducido grupo de cubanos con algún acceso a la prensa digital oficial, en consecuencia, más familiarizados con los términos y su significación. Para la mayoría de sus paisanos, desconectados y tecnológicamente analfabetos, lo más parecido al comercio electrónico es la compra-venta de equipos electrónicos de contrabando.
No obstante, el texto en su conjunto ofrece la impresión ilusoria de que (¡por fin!) el gobierno, dueño de ese y de todos los medios de prensa del país, de los bancos, de los comercios –exceptuando los muy controlados y exprimidos nichos de comerciantes privados eufemísticamente llamados cuentapropistas– y dueño también de las comunicaciones a nivel nacional, comienza a mostrar una intención sincera de tomar el toro por los cuernos, introduciendo extensivamente el uso de las nuevas tecnologías y, en consecuencia, ampliando los servicios de conexión a Internet, lo que pondría a los cubanos en condiciones de utilizar las redes para todo tipo de trámite comercial –desde el pago de una factura o la reservación de un pasaje hasta realizar compras online– gestiones que comúnmente consumen una abrumadora cantidad de tiempo y suelen generar más frustraciones que soluciones.
No podía faltar, en los párrafos finales del artículo, el villano de la serie, “el absurdo e irracional bloqueo económico de los Estados Unidos”, como factor decisivo que frustra cualquier tentativa de desarrollo para Cuba.
Sin embargo, tanto el tema como el tono resultan cuando menos incongruentes para la realidad cubana, no solo por el abrumador atraso tecnológico de la Isla, por la falta de voluntad política de las autoridades para generalizar el uso de la red de redes y ponerla a disposición de todos o por el casi absoluto desconocimiento de la población acerca de lo que es el comercio electrónico, sino también por la falta de poder adquisitivo de la gran mayoría, cuyos bajos ingresos no podrían cubrir la “equivalencia” que impone la doble moneda: 25 pesos en moneda corriente por cada peso en CUC, fórmula que se aplica en cualquier transacción comercial en todo el territorio nacional.
A ese tenor, no sería ocioso calcular, teniendo en cuenta los precios de venta de las tiendas recaudadoras de divisas, a cuántos productos o servicios puede acceder un individuo con un salario medio (dizque 400 pesos, equivalentes a 16 CUC) o con una misérrima jubilación, refrendados en una tarjeta magnética.
Como dato interesante, el artículo de JR incluye lo planteado por un comentarista: “Para lograr el desarrollo del comercio electrónico internacional se necesita un escenario donde converjan, como mínimo: infraestructura y tecnología adecuadas, y un marco legal de Derecho interno que tenga en cuenta inclusivamente las reglas de organismos internacionales”. Cuestión esta que pone sobre el tapete otra arista que no se aborda en el periódico: ¿tendría el gobierno la disposición de establecer toda esa infraestructura necesaria para el desarrollo del comercio electrónico en Cuba y –más importante aún– ponerla al alcance de la población? ¿Se establecerían los mecanismos legales para garantizar todos los derechos asociados a ello? Es una pregunta retórica.
El problema en Cuba no es de sistemas informáticos, sino del sistema político
Nada resulta tan hostil para el desarrollo como una dictadura comunista, sentencia que se fundamenta en la imposibilidad de que ésta sobreviva a una apertura de mercado. De hecho, la supervivencia de los regímenes comunistas se basa en el principio inviolable de eliminar o limitar al máximo todos los mecanismos de mercado al interior de sus sociedades. Solo el poder controla y administra el comercio, adquiere los productos en el mercado internacional y fija los precios, legitimando con ello una inflación permanente.
Algunos párrafos del artículo publicado en JR hacen referencia a la utilidad del comercio electrónico a través de Internet, que permitiría también la compra de bienes y servicios en el extranjero, lo cual favorecería a todos en general y en particular a los cuentapropistas. Pero, asumiendo hipotéticamente que un sector de cubanos tenga la capacidad de hacer compras online en el mercado internacional, ¿podría el mercado oficial en divisas enfrentar el reto de los precios más favorables de otros mercados y de la calidad superior de sus productos? Es otra pregunta retórica.
El tema amerita muchos más cuestionamientos que los que podría analizar en este espacio. Sirvan estas pocas reflexiones para comprender que, a despecho de las posibles buenas intenciones del articulista de Juventud Rebelde, en realidad le faltaron muchas “preguntas virtuales” por hacer, y me temo que no obtendrá ninguna “respuesta real”.